La Comisión Europea propuso el miércoles un nuevo plan de reducción de la jornada laboral con el apoyo de los Estados para ayudar a los ciudadanos a conservar sus empleos durante el duro golpe del brote de coronavirus en las economías de los 27 países de la Unión Europea.
El plan está claramente basado en el programa Kurzarbeit alemán, según el cual el Estado paga parte de los salarios de los trabajadores para evitar que se recorten puestos de trabajo a pesar de la desaceleración.
La presidenta de la Comisión de la UE, Úrsula von der Leyen, ha manifestado que la reducción de jornada laboral sería una medida que podría ayudar a empresas y trabajadores a mantener sus puestos de trabajo durante la crisis sanitaria del coronavirus.
En sus declaraciones, Von der Leyen ha incidido en que todos los europeos están sufriendo la pandemia del COVID-19, pero en especial, los países que están resultando más afectados son Italia y España.
“Las empresas están pagando los salarios a sus empleados, a pesar de que no están obteniendo ingresos. Ahora Europa acude en su ayuda con una nueva iniciativa llamada Sure.
Por ejemplo, las regiones de Milán o Madrid son pilares importantes de la economía europea. Miles de empresas fuertes y saneadas están sufriendo las consecuencias de esta crisis. Necesitan nuestra ayuda para salir adelante. Por esta razón hemos desarrollado la idea de reducción de la jornada laboral”.
La presidenta ha pedido la solidaridad de todos los Estados miembros para poder mantener la economía y, por consiguiente, el empleo de los europeos.
Von der Leyen ha explicado que esta medida ya fue utilizada durante la crisis financiera del año 2008:"los Estados miembros que utilizaron este instrumento, pudieron ayudar a millones de personas a mantener sus empleos y a las empresas a superar la crisis financiera con sus trabajadores".
El principio de esta iniciativa es la reducción de jornada laboral gracias a las ayudas públicas.
"Así se pudieron mitigar los efectos de la recesión, mantener a los trabajadores empleados y permitir a las empresas volver al mercado con energías renovadas. La idea es sencilla: si no hay pedidos y las empresas se quedan sin actividad a causa de una perturbación temporal externa, como el coronavirus, no deberían despedir a sus trabajadores, sino mantenerlos en sus puestos, aunque haya menos trabajo. Durante el tiempo de inactividad se podría enseñar a los trabajadores, por ejemplo, nuevas competencias que beneficien tanto a la empresa como a ellos mismos.
De esta manera, los trabajadores pueden mantener su poder adquisitivo, seguir pagando sus alquileres y comprar lo que necesiten, lo que tiene también un impacto positivo en la economía".
Por último, Von der Leyen ha anunciado que "en esta semana, la Comisión Europea propondrá este nuevo instrumento para facilitar la reducción de jornada, que ayudará a los países más afectados y estará garantizado por todos los Estados miembros. Esta es la solidaridad europea en acción: para Italia, para España y para los demás. Y por el futuro de Europa".
Queda precisar cómo se financiará todo esto.
En España se han adoptado medidas para permitir a las empresas, además de ajustar la plantilla a la carga de trabajo existente o coadyuvar a evitar la propagación del COVID-19, un importante ahorro económico, ya que quedan eximidas íntegramente del pago de los salarios de los empleados durante el tiempo en que se aplique la medida de suspensión del contrato de trabajo o, parcialmente, cuando se trate de una reducción de jornada, dado que los empleados pasarían a cobrar la prestación por desempleo correspondiente en proporción al porcentaje de jornada dejado de trabajar, incluso aunque careciesen del periodo de ocupación mínimo cotizado. Esas medidas durarán el tiempo que se mantenga el estado de alarma en nuestro país, pero, sin embargo, el gran reto viene después, ya que una vez el Gobierno levante el estado de alarma, se tiene que asegurar, por una parte, la viabilidad de las empresas y, por otra parte, el mantenimiento de los puestos de trabajo con el actual nivel salarial.
Sin embargo, los efectos del coronavirus sobre el mercado laboral están siendo devastadores. Los colegios comenzaron a cerrarse el 9 de marzo y, desde entonces, han comenzado a notarse los efectos. A la afiliación a la Seguridad Social y, por tanto, a la ocupación, las consecuencias llegaron unos días después. El 12 de marzo llegó el desplome. Desde entonces, se han perdido casi 900.000 empleos, como ha cuantificado el propio Ministerio.
Por ello, es preciso adoptar medidas de carácter laboral flexibles y creativas, y preferentemente rápidas, que mitiguen los efectos posteriores de la pandemia declarada. Debemos tener presente que podemos salir reforzados si trabajamos unidos, tan importante es asegurar la viabilidad de nuestras empresas como los puestos de sus trabajadores. Sin embargo, es necesario el respaldo económico de la UE, esto no es un problema local o nacional, esto trasciende nuestras fronteras y si se me apura, las de Europa.
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